El delito de estafa consiste en usar un engaño bastante, con ánimo de lucro, para inducir a otra persona a un acto de disposición patrimonial que le causa un perjuicio, propio o ajeno. Se regula en los artículos 248 a 251 del Código Penal. La estafa básica se castiga con prisión de seis meses a tres años, y si lo defraudado no supera los 400 euros, con multa de uno a tres meses (art. 248 CP). En los casos más graves la pena llega a ocho años. La clave de toda defensa está en una sola palabra: que el engaño fuera «bastante», y que existiera dolo desde el principio.

Qué es la estafa y cuál es el bien jurídico protegido

La estafa protege un doble bien jurídico: el patrimonio de la víctima y, de fondo, el orden socioeconómico. Por eso se sitúa entre los delitos contra el patrimonio. No basta cualquier mentira. La ley exige un engaño con entidad suficiente para mover a una persona media a entregar su dinero o sus bienes. Esa exigencia, la del «engaño bastante», es la frontera que separa la estafa del simple incumplimiento o de la mentira inocua, y es donde se concentra buena parte de la defensa.

Los elementos del delito de estafa

Para que exista estafa deben concurrir, y en este orden, varios elementos encadenados. La secuencia no es un detalle teórico: si se rompe, no hay estafa.

Elementos objetivos (en secuencia):

1. Engaño bastante. Una maniobra previa con entidad suficiente para inducir a error. Lo veremos en detalle más abajo, porque es el núcleo del delito.
2. Error en la víctima. El engaño provoca una representación falsa de la realidad en quien dispone.
3. Acto de disposición patrimonial. Movido por ese error, el engañado entrega dinero o bienes, o asume una obligación.
4. Perjuicio económico. La disposición causa un daño patrimonial al engañado o a un tercero.
5. Nexo causal. Cada eslabón debe causar el siguiente: el engaño causa el error, el error causa la disposición, y la disposición causa el perjuicio.

Elemento subjetivo:

• Ánimo de lucro y dolo. El autor busca un beneficio y actúa sabiendo que engaña, con intención de hacerlo desde el principio (art. 248 CP).

La regla práctica es sencilla: el engaño debe ser anterior y causa de la entrega. Si el dinero se entregó por otra razón y el problema vino después (un negocio que salió mal, un pago que dejó de hacerse), probablemente estemos ante un asunto civil y no ante una estafa.

Estafa leve y estafa básica: el límite de los 400 euros

La cuantía de lo defraudado marca la primera frontera dentro del propio artículo 248. Si lo defraudado no excede de 400 euros, se impone una pena de multa de uno a tres meses (estafa leve). Si supera los 400 euros, es la estafa básica, castigada con prisión de seis meses a tres años. Para fijar la pena dentro de ese marco, el juez valora el importe defraudado, el quebranto causado, la relación entre víctima y autor y los medios empleados (art. 248 CP).

Cuando hay varias defraudaciones que responden a un mismo plan preconcebido, entra en juego la estafa continuada del artículo 74: se impone la pena de la infracción más grave en su mitad superior y, tratándose de delitos contra el patrimonio, el juez atiende al perjuicio total causado. En la práctica, eso puede elevar mucho la pena de un goteo de pequeñas estafas.

Penas de la estafa: de la leve a la hiperagravada

La estafa no tiene una sola pena, sino una escala que va desde la multa hasta los ocho años de prisión. Esta es la estructura completa, con su base legal:

Tipo	Pena	Base legal
Estafa leve (lo defraudado no excede de 400 €)	Multa de uno a tres meses	art. 248 CP
Estafa básica (más de 400 €)	Prisión de seis meses a tres años	art. 248 CP
Estafa informática y con medios de pago	Prisión de seis meses a tres años	art. 249 CP
Estafa agravada (una circunstancia del art. 250)	Prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses	art. 250.1 CP
Estafa hiperagravada (concurrencia de circunstancias o más de 250.000 €)	Prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses	art. 250.2 CP
Estafa impropia (art. 251)	Prisión de uno a cuatro años	art. 251 CP

El salto entre tramos es enorme, y por eso la calificación de los hechos lo es todo. Que un asunto se encuadre en la estafa básica (con posibles alternativas a la prisión) o en la hiperagravada (con un suelo de cuatro años) puede depender de un solo dato: la cuantía exacta, o que concurra o no una de las circunstancias del artículo 250.

Las circunstancias agravantes del artículo 250

El artículo 250 eleva la pena a prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses cuando la estafa concurre con alguna de estas circunstancias:

1. Recae sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.
2. Se comete con abuso de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial.
3. Recae sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.
4. Reviste especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia.
5. El valor de la defraudación supera los 50.000 euros, o afecta a un elevado número de personas.
6. Se comete con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aprovechando este su credibilidad empresarial o profesional.
7. Se comete estafa procesal (manipular el proceso para inducir a error al juez o tribunal).
8. El culpable, al delinquir, ya había sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos del mismo capítulo (multirreincidencia).

El artículo 250.2 reserva una pena mayor, prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses, para los casos más graves: cuando concurren las circunstancias 4.ª, 5.ª, 6.ª o 7.ª con la 1.ª, o bien cuando el valor de la defraudación supera los 250.000 euros. Ese umbral de los 250.000 euros es, en la práctica, el que convierte una estafa económica en uno de los delitos patrimoniales más graves del Código.

Las modalidades del artículo 249 y la estafa informática

Junto a la estafa «clásica» del artículo 248, el artículo 249 castiga, con la misma pena de prisión de seis meses a tres años, un grupo de conductas pensadas para el fraude tecnológico y con medios de pago:

• Manipulación informática. Valerse de una manipulación informática o de un artificio semejante para conseguir una transferencia no consentida de un activo patrimonial en perjuicio de otro. Es la base legal de buena parte del phishing y del fraude bancario en línea.
• Uso fraudulento de tarjetas y cheques. Operar en perjuicio del titular o de un tercero usando tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o los datos obrantes en cualquiera de ellos.
• Fabricación y facilitación de instrumentos. Fabricar, introducir, poseer o facilitar programas informáticos, equipos o instrumentos específicamente destinados a cometer estas estafas.
• Tenencia o adquisición ilícita de medios de pago. Para la simple tenencia o adquisición, conociendo su origen ilícito, de instrumentos de pago obtenidos de forma fraudulenta, el artículo prevé la pena en su mitad inferior.

En el lenguaje de la calle, este artículo es el que da cobertura a las modalidades más frecuentes hoy:

• Phishing, smishing y suplantación, y las transferencias no consentidas que se ejecutan después.
• Estafas de inversión y esquemas piramidales, incluidas las de criptomonedas.
• Estafa inmobiliaria: señales o alquileres inexistentes, dobles ventas.
• Romance scam o fraude sentimental.

Estafa impropia (artículo 251)

El artículo 251 castiga, con prisión de uno a cuatro años, una serie de fraudes que no encajan en el esquema clásico de engaño-error-disposición, pero que la ley equipara a la estafa. Son tres supuestos:

1. Falsa facultad de disposición. Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble una facultad de disposición de la que carece, la enajena, grava o arrienda a otro.
2. Doble venta y ocultación de cargas. Quien dispone de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre ella, o quien, habiéndola enajenado, la vuelve a enajenar, gravar o arrendar antes de la definitiva transmisión al adquirente.
3. Contrato simulado. Quien otorga en perjuicio de otro un contrato simulado.

Es un tipo frecuente en operaciones inmobiliarias y societarias, donde la línea entre una mala práctica contractual y un delito puede ser muy fina.

¿Puede una empresa cometer un delito de estafa?

Sí. Desde la reforma de 2010, la persona jurídica puede responder penalmente, y la estafa es uno de los delitos en los que esa responsabilidad está expresamente prevista (art. 251 bis CP). Responde la empresa, además de las personas físicas (administradores, directivos o empleados) que materialmente cometan el delito.

Cuándo responde la empresa. El artículo 31 bis del Código Penal hace responder a la persona jurídica de dos vías: por los delitos cometidos por sus representantes legales o por quienes tienen capacidad de decisión, actuando en su nombre y provecho; y por los cometidos por empleados subordinados cuando se ha incumplido gravemente el deber de supervisión sobre ellos.

Cómo puede quedar exenta: el compliance. La empresa puede quedar exenta de responsabilidad si, antes del delito, había adoptado y ejecutado de forma eficaz un modelo de organización y gestión (un programa de compliance) idóneo para prevenir delitos de esa naturaleza. El artículo 31 bis exige que ese modelo, entre otras cosas, identifique las actividades con riesgo, establezca protocolos de decisión, gestione los recursos para prevenir el delito, imponga la obligación de informar de los riesgos a un órgano de control con poderes autónomos y prevea un régimen disciplinario y una verificación periódica del propio modelo.

Qué penas se le imponen. El artículo 251 bis fija para la persona jurídica una multa calculada sobre lo defraudado: del triple al quíntuple de la cantidad defraudada si el delito cometido por la persona física tiene prevista pena de prisión de más de cinco años, y del doble al cuádruple en el resto de los casos. A esa multa pueden sumarse las penas más graves del catálogo del artículo 33.7 (entre ellas la disolución de la sociedad, la suspensión de actividades, la clausura de locales, la prohibición de operar o la intervención judicial), conforme a las reglas del artículo 66 bis.

Estafa frente a figuras afines

Calificar bien los hechos desde el inicio cambia el delito y la pena. La estafa se confunde a menudo con otras figuras, y el deslinde suele ser el primer terreno de defensa.

	Estafa	Apropiación indebida	Administración desleal	Hurto
Cómo llega el bien al autor	Por un engaño previo que provoca la entrega	Se recibe de forma legítima (depósito, comisión, administración)	Se administra un patrimonio ajeno con facultades para ello	El autor lo toma sin consentimiento del dueño
El núcleo del delito	El engaño anterior a la entrega	No devolver o dar un destino distinto a lo recibido	Exceder o abusar de las facultades de administración causando un perjuicio	El apoderamiento de la cosa
Hay engaño previo	Sí, es esencial	No	No	No

La diferencia más relevante en la práctica es con la apropiación indebida: en la estafa el engaño es previo y provoca la entrega; en la apropiación indebida la cosa se recibe de forma legítima y el problema surge después, cuando no se devuelve o se le da otro destino. Frente a la administración desleal, lo decisivo es que en ella no hay engaño que provoque una entrega, sino abuso de quien ya tenía facultades para administrar un patrimonio ajeno. Y frente al hurto, que la víctima de la estafa entrega el bien (engañada), mientras que en el hurto el bien se toma sin su consentimiento.

La prueba del engaño bastante y del dolo en casos económicos complejos

Aquí es donde se gana o se pierde la mayoría de los casos de estafa, y donde concentramos la defensa. La condena exige acreditar dos cosas que no siempre son evidentes: que el engaño fue bastante y que existió dolo desde el principio.

El «engaño bastante» no es cualquier mentira. El engaño debe tener entidad suficiente para inducir a error a una persona media, situada en la posición concreta de la víctima. La jurisprudencia matiza este requisito con la idea de la autoprotección: cuando la víctima, con una diligencia mínima exigible según el tráfico, podría haber descubierto la falsedad y no lo hizo, el engaño puede no ser «bastante» en términos penales, y el asunto se desplaza hacia lo civil. No se trata de culpar a la víctima, sino de delimitar hasta dónde el Derecho penal protege la simple credulidad.

El dolo se prueba casi siempre por indicios. Nadie confiesa que engañaba desde el principio. Por eso la intención se infiere de datos objetivos: la solvencia real del autor en el momento del contrato, el destino que dio al dinero, si ocultó información esencial, si desde el inicio carecía de toda intención o posibilidad de cumplir. La diferencia entre un negocio que fracasó (sin delito) y una estafa (engaño doloso previo) está, precisamente, en ese momento inicial.

Dónde está la prueba. En las operaciones económicas complejas, esa acreditación descansa en correos, contratos, movimientos bancarios, contabilidad y, a veces, en pruebas intervenidas. Discutir su validez, su cadena de custodia y, sobre todo, su interpretación es donde se juega buena parte del caso. Un mismo correo puede leerse como prueba de engaño o como una negociación legítima, y esa lectura la construye la defensa.

¿Cabe la tentativa de estafa?

Sí. Hay tentativa cuando el autor despliega el engaño dirigido a obtener la disposición patrimonial pero el resultado, el perjuicio, no llega a producirse por causas ajenas a su voluntad: porque la víctima no llega a entregar el dinero, o porque descubre el ardid a tiempo. La tentativa se castiga con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito consumado (arts. 16 y 62 CP), lo que abre un margen de defensa relevante cuando la disposición patrimonial no llegó a completarse.

Cómo se defiende una acusación por estafa

Una defensa eficaz no se limita a negar los hechos: ataca los elementos del delito uno a uno. Estas son las cuatro líneas que más rendimiento dan, y casi siempre se combinan:

1. No hubo engaño bastante. La maniobra carecía de entidad para inducir a error, o la víctima pudo descubrir la realidad con una diligencia mínima (autoprotección). Si cae el engaño, cae la estafa.
2. Falta el dolo y el ánimo de lucro. El acusado actuó de buena fe; lo que hubo fue un negocio que salió mal, no una intención de engañar desde el principio.
3. Es un incumplimiento civil, no penal. No hubo engaño previo a la entrega: el dinero se entregó por una causa válida y el problema surgió después. Pertenece a la jurisdicción civil.
4. Prueba insuficiente o nula. La acreditación del engaño o del dolo no alcanza el estándar penal, o las pruebas se obtuvieron con vulneración de derechos.

A ello se añaden, según el caso, la discusión de la cuantía (que decide el tramo de pena y si se cruza el umbral de los 250.000 euros), la negativa a la concurrencia de las agravantes del artículo 250 y, cuando procede, la reparación del perjuicio, que puede atenuar la pena. Si te investigan, contar pronto con un abogado penal en Barcelona especializado en delito económico marca la diferencia: las primeras decisiones (qué se declara, qué se aporta, cómo se fija la cuantía) condicionan todo el procedimiento.

Un ejemplo práctico

Imaginemos un caso ilustrativo. Una persona invierte 60.000 euros en un proyecto que le presenta un conocido, con contratos, previsiones de rentabilidad y reuniones periódicas. El proyecto fracasa y el dinero se pierde. ¿Hay estafa? Depende de un punto: si quien recibió el dinero tenía, desde el principio, intención y capacidad reales de destinarlo al proyecto (negocio fallido, asunto civil), o si nunca existió ese proyecto y el dinero se desvió desde el primer día (engaño doloso previo, estafa, y agravada por superar los 50.000 euros). Toda la prueba girará en torno a los movimientos bancarios y a lo que el acusado sabía y podía hacer en el momento de recibir el dinero. Es un ejemplo hipotético, pero refleja el campo de batalla habitual: no los hechos posteriores, sino la intención inicial.

Dónde y cómo denunciar una estafa

Si eres la víctima, la estafa se denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, o directamente en el juzgado de instrucción, aportando toda la documentación disponible (contratos, correos, justificantes de pago, conversaciones). En las estafas cometidas por internet, la denuncia puede presentarse igualmente ante esos cuerpos, que cuentan con unidades especializadas en ciberdelincuencia. Conviene reunir la prueba cuanto antes, porque en el fraude digital los rastros (cuentas, dominios, comunicaciones) desaparecen rápido. Y tanto si eres víctima como si te ves investigado, una valoración temprana por un penalista orienta los pasos correctos desde el principio.

Preguntas frecuentes

¿A partir de qué cantidad la estafa es delito?

Cualquier estafa es delito; lo que cambia es su gravedad. Si lo defraudado no excede de 400 euros, es una estafa leve castigada con multa de uno a tres meses. Por encima de 400 euros es estafa básica, con prisión de seis meses a tres años (art. 248 CP).

¿Qué pena tiene una estafa de más de 50.000 euros?

Cuando el valor defraudado supera los 50.000 euros, se aplica la estafa agravada del artículo 250, con prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses. Si supera los 250.000 euros, la pena sube a prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses (art. 250.2 CP).

¿Un impago de una deuda es estafa?

No por sí solo. Dejar de pagar suele ser un incumplimiento civil. Solo es estafa si hubo un engaño anterior y bastante, dirigido a obtener el dinero, con intención de no cumplir desde el principio.

¿Qué diferencia hay entre estafa y apropiación indebida?

En la estafa hay un engaño previo que provoca la entrega del bien. En la apropiación indebida recibes algo de forma legítima (un depósito, una cantidad para administrar) y el problema surge después, cuando no lo devuelves o le das otro destino. La calificación cambia el delito y la pena.

¿Qué es la estafa procesal?

Es una de las circunstancias agravantes del artículo 250: consiste en manipular el proceso, por ejemplo con pruebas o documentos falsos, para inducir a error al juez o tribunal y obtener una resolución perjudicial para la otra parte.

¿Puede una empresa ser condenada por estafa?

Sí. La persona jurídica puede responder penalmente conforme a los artículos 31 bis y 251 bis, además de los administradores y directivos que actúen. La empresa puede quedar exenta si acredita un programa de compliance eficaz adoptado antes del delito.

¿La estafa siempre acaba en prisión?

No. En la estafa leve la pena es de multa. En la básica caben alternativas a la prisión (como la suspensión de la pena) según las circunstancias y los antecedentes. En los tramos agravados, en cambio, la pena de prisión es de cumplimiento más probable.

¿Prescribe el delito de estafa?

Sí. Como todos los delitos, la estafa prescribe transcurrido un plazo que depende de la pena máxima prevista para cada modalidad: cuanto más grave es el tipo (por ejemplo el agravado del artículo 250), más largo es el plazo. Dado que ese cálculo varía según la calificación concreta de los hechos, conviene que un penalista determine el plazo aplicable a tu caso antes de descartar nada.

Si te investigan o te acusan por un delito de estafa, consulta cuanto antes tu defensa con un abogado penal en Barcelona especializado en derecho penal económico. En la estafa, la calificación de los hechos y la prueba del engaño deciden el caso, y se construyen desde el primer momento. Si el asunto roza el blanqueo del dinero defraudado, conviene además conocer cómo funciona el delito de blanqueo de capitales.

Fuente oficial: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE, texto consolidado).