Defendemos a personas y empresas en procedimientos penales, en España y en jurisdicciones europeas. Los asuntos se llevan personalmente.
Si te han detenido a ti o a un familiar, lo más importante no es lo que pase mañana en el juzgado, sino lo que se diga —o no se diga— en las próximas horas. La detención es el momento de mayor vulnerabilidad de todo el proceso penal, y de él depende algo decisivo: si saldrás en libertad o ingresarás en prisión provisional.
Defensa penal para particulares y empresas, en España y en su dimensión internacional. Cada asunto se lleva personalmente, en español, inglés y alemán.
El delito contra la salud pública —el conocido como tráfico de drogas— es de los que más detenciones genera en España, sobre todo en aeropuertos, puertos y zonas turísticas. La diferencia entre una condena severa y una defensa exitosa suele decidirse en las primeras diligencias.
Las lesiones derivadas de una pelea, una riña en el ocio nocturno o un altercado en zona turística son de los delitos más frecuentes contra extranjeros y nacionales en España. Lo que parece un episodio puntual puede convertirse en un procedimiento con peticiones de prisión, sobre todo con instrumento peligroso o varias personas implicadas.
Los delitos contra la libertad sexual son de los más sensibles del ordenamiento, tanto por la gravedad de las penas como por el impacto reputacional, que comienza mucho antes de la sentencia. Una defensa rigurosa, técnica y discreta es esencial desde la primera declaración.
Conducir tras haber bebido, dar positivo en un control, negarse a la prueba de alcoholemia o conducir a velocidad excesiva pueden ser delito, no una simple multa. Para el conductor extranjero en España, además, las consecuencias se extienden a su permiso y a su país de origen.
Un proceso penal no se gana solo en el juicio: se decide en cada actuación desde la instrucción. Por eso te acompañamos en todas las fases, con una abogada de referencia que no pasa el caso a otros y conoce el expediente al detalle.
En los asuntos económicos, el detalle contable pesa tanto como el argumento jurídico. Defendemos a empresas y directivos —con vocación internacional y en coordinación con su abogado de confianza— cuando una investigación afecta a su patrimonio, su reputación y su libertad.
El blanqueo de capitales —o lavado de dinero— es uno de los delitos económicos más perseguidos y de instrucción más compleja. Afecta a quien blanquea fondos ajenos y a quien blanquea los propios (autoblanqueo), y suele investigarse en paralelo a otros delitos.
El delito fiscal o contra la Hacienda Pública aparece cuando la defraudación supera un umbral y concurre intención de defraudar. La frontera entre la infracción administrativa y el delito es técnica y decisiva, y a menudo se puede influir en ella.
Los delitos societarios surgen casi siempre de un conflicto empresarial que escala al terreno penal: un socio que denuncia a otro, un administrador acusado de gestionar en beneficio propio, unas cuentas que se cuestionan. Separar el conflicto mercantil legítimo del reproche penal es el centro de la defensa.
Si te preguntas «¿cómo funciona una extradición?» o «¿pueden entregarme a otro país?», esta página responde paso a paso. La extradición y la euroorden —orden europea de detención y entrega, OEDE— activan la cooperación entre Estados con plazos muy estrictos, y dejan un margen real de defensa a quien actúa a tiempo. Te explicamos el procedimiento completo, los motivos para oponerte, los errores que hay que evitar y cómo construimos la defensa.
Una notificación roja (Red Notice) de Interpol puede convertir cada frontera, cada aeropuerto y cada apertura de cuenta en un riesgo. No es una orden judicial ni obliga a detener, pero sus efectos sobre la libertad de movimiento, la actividad profesional y la reputación son muy reales. Tenemos experiencia específica en abuso de Interpol y formamos parte de Lawyers Against Transnational Repression.
A veces la mejor defensa no es discutir una entrega, sino lograr que el procedimiento se siga en la jurisdicción adecuada. El traslado de actuaciones entre Estados —transfer of proceedings— puede cambiar por completo la posición del cliente: dónde se le juzga, con qué garantías y bajo qué ley.
Una condena, una orden de embargo o una resolución penal dictada en otro país puede ejecutarse en España — y una resolución española, fuera. Es un terreno técnico de cooperación judicial internacional donde lo que está en juego es muy concreto: el cumplimiento de la pena, el destino de los bienes o el traslado de la persona condenada a su país.
La Fiscalía Europea (EPPO, European Public Prosecutor’s Office) investiga y persigue los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea: fraude de subvenciones y fondos europeos, fraude del IVA transfronterizo, corrupción y blanqueo vinculado a esos fondos. Es una fiscalía supranacional con fiscales delegados en España, y enfrentarse a ella exige una defensa que entienda a la vez el procedimiento español y la lógica europea.
La inclusión en una lista de sanciones de la Unión Europea congela activos y bloquea la actividad casi de inmediato, antes incluso de cualquier proceso. Impugnarla exige rapidez y conocimiento del procedimiento ante los tribunales de la Unión.
Cuando surge un indicio de irregularidad —una denuncia en el canal, una alerta de auditoría, una inspección— lo que la empresa haga en las primeras semanas determina su exposición penal. Una investigación interna bien conducida protege a la organización y a sus órganos; una mal hecha puede agravar el problema.
Desde la reforma que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, una empresa puede ser condenada por los delitos cometidos en su seno. La mejor defensa no empieza con la citación: empieza años antes, con un programa de compliance penal que prevenga el delito y demuestre la diligencia de la organización.
Un antecedente penal sigue pesando años después de cumplida la condena: aparece en un certificado, bloquea una contratación, complica un visado o un cruce de frontera. La buena noticia es que, cumplidos ciertos plazos, los antecedentes pueden y deben cancelarse, muchas veces antes de lo que se cree.
Cuando se han agotado todas las vías internas en España y persiste una vulneración de derechos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo puede ser la última oportunidad de repararla. El acceso es exigente y los plazos no perdonan.
Cuando el proceso penal ha vulnerado un derecho fundamental, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional es la última instancia interna — y la puerta que hay que cruzar antes de poder acudir a Estrasburgo.
