El procedimiento de extradición en España es un proceso mixto, en parte gubernativo y en parte judicial, que decide si una persona reclamada por otro Estado debe ser entregada para ser juzgada o cumplir condena fuera de España. La extradición pasiva (la que afecta a quien es reclamado estando en España) se rige por la Ley 4/1985, de 21 de marzo, salvo en lo que dispongan los tratados que España haya firmado (art. 1). Su rasgo clave es que se estructura en tres fases con plazos tasados, y en cada una de ellas la defensa tiene un punto concreto donde actuar. Este artículo describe ese mapa de fases y plazos; si lo que buscas es la diferencia conceptual entre extradición pasiva vs activa, la tratamos en un artículo aparte.

Las tres fases del procedimiento: gubernativa, judicial y gubernativa final

La confusión más extendida es presentar la extradición como un proceso de dos bloques, «primero el Gobierno, luego el juez». No es así. La Ley 4/1985 articula tres fases, y la tercera es decisiva porque el expediente vuelve al Gobierno:

Fase	Quién decide	Qué resuelve
1. Gubernativa inicial	Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Justicia	Si la solicitud continúa o no por la vía judicial (art. 9)
2. Judicial	Juzgado Central de Instrucción y Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional	Si la entrega es jurídicamente procedente (arts. 12 a 15)
3. Gubernativa final	Consejo de Ministros	La decisión última sobre la entrega efectiva (art. 6)

La clave del art. 6 es doble y conviene retenerla: el auto de la Sala que declara procedente la extradición no es vinculante para el Gobierno, que puede denegar la entrega en ejercicio de la soberanía nacional, por reciprocidad o por razones de seguridad, orden público o intereses esenciales de España. Pero la regla funciona en un solo sentido: si la Sala deniega la extradición, el Gobierno no puede acordarla. La decisión judicial favorable es una condición necesaria, no suficiente; la denegación judicial es definitiva.

Cómo empieza: detención y primeras horas

El procedimiento suele arrancar con una detención, muchas veces a raíz de una orden internacional de detención difundida por Interpol (red notice). A partir de ahí, las primeras horas marcan toda la defensa.

La detención preventiva y el plazo de 24 horas

Cuando el Estado reclamante pide una detención preventiva por urgencia, la persona detenida debe ser puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en un plazo no superior a 24 horas (art. 8). El juez puede acordar la prisión provisional o, en su lugar, medidas menos gravosas que la propia ley enumera: vigilancia a domicilio, prohibición de ausentarse de un lugar sin autorización, presentación periódica ante la autoridad, retirada del pasaporte y prestación de fianza (art. 8). Pedir alguna de estas medidas alternativas a la prisión es la primera actuación de la defensa.

El plazo de 40 días para la solicitud formal

La detención preventiva no es indefinida. Si transcurren 40 días sin que el país reclamante haya presentado en forma la solicitud de extradición, la detención queda sin efecto (art. 8). Si la solicitud sí llega dentro de esos 40 días, el plazo se amplía en otros 40 días para que el Ministerio de Justicia y el Gobierno puedan tramitarla (art. 10). Cada vencimiento es una oportunidad de defensa: agotado el plazo sin solicitud válida, procede instar la puesta en libertad.

Fase gubernativa inicial: la decisión del Gobierno de seguir adelante

Recibida la solicitud formal por vía diplomática o directamente entre Ministros de Justicia (art. 7), se abre la primera fase gubernativa. Los plazos están tasados en el art. 9 y resuelven, además, una duda habitual sobre «cuántos días tiene el Gobierno»:

• El Ministerio de Justicia dispone de un plazo máximo de 8 días, desde el siguiente a la recepción de la solicitud, para elevar al Gobierno una propuesta motivada.
• El Gobierno (Consejo de Ministros) adopta su decisión dentro de los 15 días siguientes a esa propuesta.
• Si pasan esos 15 días sin que el Gobierno resuelva, lo hace el Ministerio de Justicia en su nombre dentro de los 3 días siguientes.

Es decir, no es «8 días» a secas: son 8 días del Ministerio más 15 del Gobierno. En esta fase el Gobierno valora la reciprocidad y la oportunidad, algo especialmente relevante cuando no hay tratado y la entrega depende de la cooperación caso por caso, como ocurre con los países sin tratado pleno de extradición con España. Si el Gobierno decide no continuar, se notifica al Estado reclamante y la persona, si estaba detenida, queda en libertad.

Fase judicial ante la Audiencia Nacional

Si el Gobierno acuerda continuar, el expediente pasa al Juzgado Central de Instrucción y, después, a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Es el núcleo del procedimiento y donde se concentra la defensa.

La primera comparecencia y el consentimiento a la entrega

El Juez Central de Instrucción ordena la comparecencia inmediata de la persona reclamada, que debe acudir asistida de abogado y, en su caso, de intérprete, con citación siempre del Ministerio Fiscal (art. 12). En esa comparecencia el juez le pregunta, con expresión de sus razones, si consiente la extradición o pretende oponerse:

• Si consiente y no hay obstáculos legales, el procedimiento puede resolverse de forma abreviada y acordarse la entrega sin necesidad de vista.
• Si se opone, el juez resuelve sobre su situación (libertad con medidas o prisión) y eleva el caso a la Sala de lo Penal.

Las resoluciones de esta comparecencia adoptan la forma de auto, que se dicta dentro de las 24 horas siguientes (art. 12). Consentir o no consentir es una decisión de estrategia que conviene tomar con asesoramiento: el consentimiento acelera la entrega y, una vez prestado, condiciona el resto del proceso.

La fase de instrucción y la vista

Si la persona se opone, se abre una fase escrita: el expediente se pone de manifiesto al Fiscal y al abogado defensor por un plazo sucesivo de tres días para alegaciones (art. 13). Después, la Secretaría señala la vista, que se celebra dentro de los 15 días siguientes al período de instrucción, con intervención del Fiscal, de la persona reclamada asistida de intérprete si es necesario y del abogado defensor (art. 14). En la vista solo se admiten las pruebas referidas a las condiciones exigidas por la ley para la extradición. Es donde la defensa despliega sus argumentos: ausencia de doble incriminación, prescripción, cosa juzgada o riesgo de vulneración de derechos en el país reclamante.

El auto de la Sala

Celebrada la vista, el Tribunal resuelve por auto motivado en el plazo improrrogable de los tres días siguientes, pronunciándose sobre la procedencia de la extradición (art. 15). Contra ese auto solo cabe recurso de súplica ante el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en cuya resolución no intervienen los magistrados que dictaron la resolución recurrida (art. 15).

Euroorden o extradición clásica: cuál se aplica

No todo es «extradición» en sentido estricto. Entre Estados de la Unión Europea, la entrega no se tramita por la Ley 4/1985, sino por la Orden Europea de Detención y Entrega (euroorden), un mecanismo más ágil y plenamente judicializado en el que apenas interviene el Gobierno. La extradición clásica de la Ley 4/1985 se reserva para los países de fuera de la UE, con o sin tratado. Si tu caso tiene un componente europeo, conviene revisar cómo funciona una orden de extradición y la euroorden, porque los plazos y las garantías son distintos.

Requisitos: doble incriminación, gravedad y resolución judicial

Para que la extradición prospere deben cumplirse varias condiciones de fondo:

• Doble incriminación. El hecho debe ser delito tanto en el país reclamante como en España.
• Gravedad mínima. La ley solo permite la extradición por hechos castigados con pena privativa de libertad no inferior a un año en su grado máximo (o pena más grave); si se reclama para cumplir condena, esta no puede ser inferior a cuatro meses de privación de libertad (art. 2).
• Resolución judicial que respalde la solicitud. Una sentencia condenatoria o un auto de procesamiento y prisión, con la identificación del reclamado y la copia de los textos legales aplicables (art. 7).

A ello se suma el principio de especialidad: la persona entregada solo puede ser juzgada por los hechos que motivaron la extradición.

Motivos de denegación: obligatorios y potestativos

La Ley 4/1985 distingue entre motivos que obligan a denegar la extradición y motivos que permiten denegarla. Es una distinción práctica: con un motivo obligatorio, la entrega no procede; con uno potestativo, hay un margen de apreciación que la defensa debe trabajar.

Motivos obligatorios (art. 4: «no se concederá»):

• Delitos de carácter político, sin que se consideren tales los actos de terrorismo.
• Delitos militares tipificados en la legislación española y los cometidos a través de medios en el ejercicio de la libertad de expresión.
• Cuando la persona deba ser juzgada por un Tribunal de excepción.
• Cuando se haya extinguido la responsabilidad criminal conforme a la ley española o a la del Estado reclamante (por ejemplo, por prescripción).
• Cuando la persona ya haya sido juzgada, o lo esté siendo, en España por los mismos hechos (cosa juzgada / litispendencia).
• Cuando el Estado reclamante no garantice que la persona no será ejecutada ni sometida a penas que atenten contra su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes.
• Cuando no se den las garantías exigidas en el artículo 2.
• Cuando a la persona se le haya reconocido la condición de asilado.

A esto se añade que no se concede la extradición de españoles ni de extranjeros por delitos que correspondan a los tribunales españoles (art. 3).

Motivos potestativos (art. 5: «podrá denegarse»):

• Cuando haya motivos para creer que la solicitud se ha presentado para perseguir o castigar a la persona por su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o que su situación pueda agravarse por esas consideraciones.
• Cuando la persona reclamada sea menor de 18 años con residencia habitual en España y la extradición pueda perjudicar su reinserción social.

Cómo se recurre una decisión de extradición

La defensa no termina con el auto de la Sala. Frente a ese auto cabe recurso de súplica ante el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (art. 15). Agotada la vía judicial interna, si está en juego un derecho fundamental se puede acudir en amparo al Tribunal Constitucional y, en su caso, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que puede adoptar medidas provisionales para suspender una entrega cuando exista un riesgo serio para la vida o la integridad de la persona. Conviene recordar que la fase gubernativa final (art. 6) sigue abierta hasta el último momento: aun con un auto favorable a la entrega, el Gobierno puede denegarla.

Cómo se ve en la práctica: casos conocidos

La extradición desde y hacia países sin tratado pleno con España ha estado en el foco mediático en asuntos como el de Artur Segarra (en el marco de la cooperación con Tailandia) o el debate sobre la situación de Daniel Sancho. Son ejemplos públicos que ilustran lo que más pesa en estos casos: la existencia o no de tratado, la doble tipificación y las garantías que ofrezca el país reclamante.

Un ejemplo práctico

Imaginemos un caso ilustrativo. Una persona es detenida en Barcelona a raíz de una red notice y puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción dentro de las 24 horas. El juez acuerda prisión provisional, pero su abogado solicita la libertad con retirada de pasaporte y fianza. El país reclamante presenta la solicitud formal al día 38, dentro del plazo de 40 días, por lo que la detención se prorroga. En la primera comparecencia la persona se opone a la entrega, y en la vista la defensa acredita que el hecho está prescrito conforme a la ley española. La Sala deniega la extradición por auto motivado y, conforme al art. 6, el Gobierno ya no puede acordar la entrega. Es un ejemplo hipotético, pero refleja cómo cada fase y cada plazo abren una vía de actuación.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura un procedimiento de extradición en España?

Depende del caso y, sobre todo, de si la persona consiente la entrega. Si consiente y no hay obstáculos, puede resolverse de forma abreviada en la primera comparecencia. Si se opone, el cauce escrito y la vista alargan el proceso, y los recursos lo prolongan más. La detención preventiva tiene un tope ligado a los 40 días iniciales y su prórroga de otros 40 (arts. 8 y 10).

¿Cuántos días tiene el Gobierno para decidir?

El Ministerio de Justicia tiene 8 días para elevar su propuesta y el Gobierno 15 días para decidir desde esa propuesta; si no lo hace, el Ministerio resuelve en su nombre en 3 días (art. 9).

¿Me mantendrán detenido durante el proceso?

Es posible. El Juzgado Central de Instrucción puede acordar prisión provisional, pero también medidas menos gravosas como la presentación periódica, la retirada del pasaporte o una fianza (art. 8). Solicitar la alternativa a la prisión es una de las primeras actuaciones de la defensa.

¿Puedo oponerme o me conviene consentir la entrega?

En la primera comparecencia se puede consentir la extradición o intentar oponerse (art. 12). Consentir acelera la entrega; oponerse abre la fase judicial completa. Es una decisión de estrategia que debe valorarse con un abogado, porque condiciona todo lo que viene después.

¿Qué diferencia hay entre euroorden y extradición?

La euroorden es el mecanismo de entrega dentro de la Unión Europea, más rápido y judicial, con intervención mínima del Gobierno. La extradición clásica de la Ley 4/1985 se aplica con países de fuera de la UE.

¿Por qué motivos se puede denegar la extradición?

Por motivos obligatorios (delito político, riesgo de pena de muerte o trato inhumano, cosa juzgada, prescripción, condición de asilado, nacionalidad española, entre otros) y por motivos potestativos (persecución por raza, religión u opiniones, o menores residentes en España). Cada motivo abre una línea de defensa distinta (arts. 3 a 5).

¿Puedo llevar mi caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?

Sí. Agotada la vía interna (súplica ante el Pleno de la Sala y, en su caso, amparo ante el Tribunal Constitucional), cabe acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que puede acordar medidas provisionales para suspender una entrega con riesgo para los derechos fundamentales.

Si te enfrentas a un procedimiento de extradición o a una orden de extradición, cada plazo cuenta: consulta cuanto antes con un abogado especialista en extradiciones.

Fuente oficial: Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva (BOE).